Antonio Laura A.
La política tiene una peculiaridad que la distingue de casi cualquier otra actividad humana: el pasado nunca termina de pasar. Puede cambiar de nombre, de rostro o de estrategia, pero sigue allí, como una sombra que acompaña cada paso. En el caso de Keiko Fujimori, esa sombra tiene un peso particular. Si finalmente alcanza la Presidencia del Perú, no solo asumirá el mando de un país complejo y fragmentado; también cargará con la tarea de convencer a millones de ciudadanos de que el futuro no será una repetición del pasado.
La cuestión central no será si puede gobernar, sino cómo decide hacerlo.
La herencia de un apellido
Pocos liderazgos políticos en América Latina han estado tan condicionados por la historia familiar como el de Keiko Fujimori. Su eventual llegada al poder estaría inevitablemente ligada al legado del fujimorismo de los años noventa: una etapa recordada por algunos como un período de estabilidad y derrota del terrorismo, y por otros como una época marcada por la concentración de poder, el debilitamiento institucional y graves vulneraciones democráticas.
Esa dualidad constituye una de las grandes antítesis de la política peruana contemporánea. Para unos, el fujimorismo representa eficacia; para otros, una advertencia. Para unos, orden; para otros, autoritarismo. Y gobernar bajo semejante contraste exige algo más que discursos conciliadores.
Se le exige hechos.
La separación de poderes como primera prueba
Si Keiko Fujimori llegara a Palacio de Gobierno, una de sus responsabilidades más urgentes sería demostrar un compromiso inequívoco con la independencia de las instituciones.
La democracia, después de todo, funciona como un reloj delicado: cada engranaje cumple una función específica y el mecanismo se resiente cuando una pieza intenta ocupar el lugar de las demás. El Poder Judicial, los organismos electorales y los entes de control existen precisamente para evitar que el poder político se convierta en juez de sí mismo.
Por ello, cualquier señal que sugiera interferencia o influencia indebida sobre estas instituciones alimentaría sospechas que ya forman parte de la memoria colectiva peruana.
Y es aquí donde algunos acontecimientos recientes generan inquietud. La modificación legal aprobada por el Congreso —en la que la bancada de Fuerza Popular desempeñó un papel relevante— redujo del 50% al 30% el requisito de presentación de candidaturas regionales para conservar la inscripción partidaria. Sus defensores la presentan como una flexibilización razonable del sistema político. Sus críticos la observan como una ventaja otorgada a determinadas organizaciones.
La ironía resulta difícil de ignorar: una medida legalmente válida puede terminar debilitando la percepción de equidad que toda democracia necesita para sostenerse.
Gobernar no es acumular poder
La historia política latinoamericana está llena de ejemplos de líderes que confundieron gobernabilidad con control absoluto. El resultado rara vez fue positivo.
Un gobierno democrático sólido no se construye eliminando contrapesos, sino fortaleciéndolos. La existencia de un Congreso favorable puede facilitar la aprobación de reformas, pero también encierra una tentación permanente: la de considerar innecesaria cualquier resistencia institucional.
Sin embargo, la democracia madura precisamente en el desacuerdo. Los contrapesos incomodan, ralentizan y complican. Esa es su función. Son como los frenos de un vehículo: nadie los aprecia cuando el camino es recto, pero todos descubren su importancia cuando aparece una curva inesperada.
Si Fuerza Popular alcanzara una influencia significativa en el Legislativo, la responsabilidad de preservar esos equilibrios sería aún mayor.
De las promesas a los hechos
Las campañas electorales suelen producir documentos impecables. Programas, compromisos, acuerdos y declaraciones abundan durante los meses previos a una elección. Lo difícil comienza después.
La verdadera medida de un liderazgo no se encuentra en las promesas que formula, sino en las decisiones que adopta cuando ya no necesita pedir votos.
Por ello, cualquier compromiso democrático que Keiko Fujimori asuma deberá traducirse en acciones concretas: transparencia en la gestión pública, fortalecimiento institucional, acceso a la información y una relación respetuosa con los organismos de control.
La confianza ciudadana no surge de una conferencia de prensa ni de un discurso solemne. Se construye lentamente, como una catedral levantada piedra por piedra, y puede derrumbarse con sorprendente rapidez.
El desafío de romper con los pasivos del pasado
Existe además un aspecto particularmente sensible: la necesidad de marcar distancia respecto de los episodios judiciales y políticos que han acompañado durante años la trayectoria del fujimorismo.
No se trata únicamente de una cuestión de imagen. Se trata de credibilidad.
La ciudadanía peruana ha demostrado reiteradamente que observa con atención las relaciones entre el poder político y determinados operadores, asesores o figuras asociadas a controversias del pasado. Mantener vínculos ambiguos con esos sectores equivaldría a alimentar las dudas que muchos esperan ver disipadas.
Por el contrario, una ruptura clara y verificable podría convertirse en una de las señales más contundentes de renovación política.
Una oportunidad histórica
Si Keiko Fujimori llega a la Presidencia, enfrentará una paradoja singular. Su mayor desafío no será administrar el Estado ni impulsar reformas económicas. Será convencer a un sector importante del país de que el fujimorismo puede gobernar dentro de límites democráticos sólidos y respetados.
La historia le ofrecería entonces una oportunidad poco frecuente: demostrar que el poder puede ejercerse sin subordinación institucional, que la autoridad no necesita confundirse con control y que la estabilidad puede construirse sin sacrificar los principios democráticos.
